El pasado 17 de marzo fue aprobada la “Ley Atenco”, también llamada “Ley Eruviel”, en referencia al actual gobernador del Estado de México, de origen priísta, quien ha sido el encargado de promoverla en las distintas instituciones gubernamentales locales. En resumen, esta ley que “regula” el uso de la fuerza pública en la entidad, legaliza el uso y abuso de todo el aparato represivo para disolver cualquier acto de protesta social.

Entre otras cosas, la Ley Atenco, permite a las policías estatales intervenir cuando considere “ilegal” algún tipo de manifestación o protesta, también legaliza el uso de armas de fuego “cuando sea estrictamente necesario para proteger la vida de las personas y la del elemento” y advierte que “sólo se emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de algún delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza a la vida”.

En lo referente al equipo y armamento, permite el uso de esposas rígidas, semi rígidas, eslabones, candados de pulgares, candados de manos, cinturones plásticos y sustancias irritantes en aerosol, así como dispositivos de descargas eléctricas; avala también el uso de armas intermedias como el bastón PR-24 y el tolete o su equivalente. Por su parte, a los elementos de seguridad les permite el uso de equipo autoprotector, como escudos, cascos, chalecos y medios de transporte a prueba de balas.

Asimismo, dicha ley posibilita la intervención de los cuerpos de seguridad en operativos de desalojo, lanzamientos y embargos, así como en asambleas, reuniones o manifestaciones realizadas en lugares públicos y que puedan “volverse violentas”.

Por si lo anterior no fuera poco, en lo que respecta a las sanciones en caso de abuso o excesos policiacos, éstas y los canales e instituciones que quedarían a cargo de vigilarlos y darles seguimiento, así como las sanciones mismas, no quedan del todo claros. Por otro lado, un punto fundamental en lo que a esta materia respecta, es que se rompe la cadena de mando al poner a mandos inmediatos como los responsables directos en la toma de decisiones, de este modo, la responsabilidad no alcanzaría en ningún momento al gobernador y otros altos mandos que puedan estar involucrados.

Pero esto no es lo único ambiguo en lo que compete a esta nueva norma, pues tampoco deja claros los criterios a partir de los cuales los mandos policiacos podrán definir la legalidad o ilegalidad de asambleas, manifestaciones y protestas, aunque si se preocupa por definir los tipos de agresión para ejecutar acciones represivas en los siguientes casos.

Resistencia pasiva: cuando la persona no obedezca las órdenes legítimas comunicadas de manera directa por el elemento que previamente se haya identificado como tal y cuando no realice acciones que dañen al mismo, a terceros o al elemento en cuestión. Resistencia activa: cuando la persona realice acciones con el propósito de dañarse, dañar a un tercero o al elemento, así como a bienes propios o ajenos.

Resistencia agresiva: cuando la persona realice movimientos corporales que pongan en riesgo su integridad física, la de terceros o la del propio elemento. Resistencia agresiva agravada: cuando las acciones de la persona representen una agresión real inminente que ponga en peligro la vida de terceros o del elemento.

Los anteriores puntos así como todo lo dispuesto en la Ley Atenco, que excede lo que podamos reseñar en este breve texto, no es nuevo; los pobladores y pobladoras de San Salvador Atenco lo saben bien pues lo vivieron el 3 y 4 de mayo de 2006, cuando en defensa de sus derechos y su territorio, enfrentaron una de las caras más duras del estado represor encabezado por Peña Nieto.

En este sentido, ante la legalización de lo que ya es sabido, tanto el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), como organizaciones de San Francisco Xochicuautla y de Coyotepec, han solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), no sólo que revise la ley sino que también promueva una acción de inconstitucionalidad y de este modo turnar nuevamente a revisión esta ley a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y de esta forma frenarla antes del plazo de 90 días para que entre en vigor.

Como decíamos anteriormente, si bien lo que legaliza la “Ley Eruviel” no es nuevo, es preocupante el modo en que el estado acomoda las leyes a favor suyo valiéndose de las instituciones, con ello, no queremos decir que éstas sean perfectas o salvables, por el contrario, el sistema de corrupción y servilismo es cada vez mayor, y la Ley Atenco sólo es una muestra más de ello, pues con ésta no sólo se busca acabar con la movilización y protesta social, sobre todo, se busca dejar el camino libre para la instauración de una serie de megaproyectos, de los cuales, el nuevo aeropuerto y el acueducto son sólo una mínima expresión. Por ello, nos sumamos al llamado generalizado a estar atentos e informados, ante cualquier tentativa represiva por parte del estado, ya sea en la calle, en los pueblos, en los centros de trabajo, en las escuelas y diversos centros de estudio, pues la protesta y la rebelión son derechos que ninguna ley nos podrá quitar.