Los pueblos indios, el campo y la 4T

1.- La política económica y de desarrollo de la 4T atenta contra el sustento material y la existencia misma de los pueblos originarios y campesinos.

En estos primeros meses de la 4T las promesas de campaña en relación con el campo y los pueblos originarios se han exhibido como promesas carentes de contenido y sin estrategia, se han quedado en el discurso: la obtención de la soberanía alimentaria, el respeto a los pueblos originarios, la eliminación del fracking, la realización de consultas legítimas y legales a los pueblos, la cancelación del Proyecto Integral Morelos, etc. Mientras tanto, las prácticas y estrategias concretas, así como la política económica en general siguen la lógica de mantener la explotación, el despojo y la dominación sobre los pueblos y sus territorios.

Las reformas y proyectos que hasta ahora ha impulsado la 4T no sólo no atacan lo sustancial del modelo capitalista neoliberal, más aún buscan afianzar el papel que el capitalismo global y los capitales transnacionales y extranjeros le han asignado a México como proveedor de mano de obra barata, lugar de transito de las mercancías y sitio privilegiado para la extracción y exportación de materias primas y recursos naturales estratégicos como agua, petróleo, gas y diversos minerales.

2.- La relación política entre el Estado mexicano y los pueblos indios se mantiene, y se busca profundizar la integración, la asimilación y el control político.

La relación política del gobierno hacia los pueblos originarios no ha cambiado en lo sustancial durante estos primeros meses, se ha renovado el indigenismo que pretende controlar, asimilar e integrar a los pueblos indios al Estado mexicano. Esta estrategia se ejerce, ahora en la 4T, por medio del INPI Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, nuevo nombre de la anterior CDI (Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas). Asimismo se han creado estructuras nuevas (y no tanto) de representación política que dicen dar voz a los pueblos, tales como el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, los Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas y los Consejos Regionales de Pueblos Indígenas. Todas instancias dependientes del INPI. En el mismo sentido se buscará implementar el denominado Mecanismo para la Implementación y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas, instancia integrada por representantes de prácticamente todas las instituciones federales y presidida por la SEGOB. La continuidad en la relación política con los pueblos indios puede también observarse en el mantenimiento o renovación de diversos proyectos y convenios, tales como el convenio CDI-SEDENA firmado en septiembre del 2018 o el acuerdo SEDENA- Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) firmado en febrero de 2018.

Toda esta estructura institucional será fundamental para la implementación de la cooptación y del control político, siguiendo la doctrina del indigenismo, se buscará suplantar la voz e identidad de los pueblos, la representación política y la toma de decisiones no recaerán en estos últimos, sino que estará centralizada en el gobierno federal y las instancias estatales.

El discurso de la 4T en torno a la promoción y defensa de los “derechos indígenas” anuncia la coartada para introducir cambios en los marcos normativos de la representación comunitaria y en la educación indígena, así como para promover lo que desde arriban llaman formación y capacitación técnica. Se ofrece capacitación a los pueblos para defender sus derechos en los rubros: Reconstitución de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; libre determinación y autonomía; tierra, territorios y recursos naturales; sistemas normativos indígenas y pluralismo jurídico en la impartición de justicia y en la elección de autoridades; participación y representación política; conocimiento indígena, patrimonio cultural y propiedad intelectual colectiva; entre otros. Esta política se perfila hasta ahora como la introducción y fortalecimiento de un discurso ideológico acorde a los intereses del Estado y no de los pueblos y comunidades indígenas. Se trata de una avanzada ideológica que busca despojar a los pueblos indios de sus banderas y demandas históricas, la autonomía, el derecho a la consulta, la horizontalidad, la comunidad, entre otras.

En estos meses de la 4T podemos observar una estrategia ideológica y política hacia los pueblos que, sin ser novedosa, si avanza sobre la base de una amplia legitimidad electoral. Dicha estrategia contempla elementos tales como:

• Ideología folclorista. Se reduce lo indígena a sus expresiones artísticas, su forma de vestir y su lengua. El indígena que se promueve es el que sufrió en el pasado y hoy sólo conserva danzas y rituales. Se anula como sujeto político activo. Se promueve la discriminación: los pobres, los atrasados, los incapaces, los curiositos, etc.

• Individualización del sujeto. No se toman en cuenta sus sistemas de organización política (asambleas, consejos, gobierno, autoridades tradicionales y comunitarias, etc.). No son considerados sujetos colectivos y se promueve la toma de decisiones con apego al interés individual; en este sentido la promoción de las consultas como el derecho principal busca ocultar el derecho colectivo a la autonomía y la autodeterminación. En las consultas la interlocución es con individuos miembros de la sociedad civil, que son quienes pueden votar, no con los pueblos como sujeto colectivo; con ello se busca suplantar y anular las formas colectivas y asamblearias de decisión. En el mismo sentido se establece que el acceso a los programas sociales es de forma individual.

• Cooptación. Se promueve la compra de conciencias, mediante los programas sociales y el otorgamiento de espacios y cargos políticos y administrativos locales y regionales a figuras indígenas desarraigadas o alejadas de la construcción colectiva de pueblos y comunidades; con esto se perfilan líderes y/o referentes al servicio del gobierno, ahí están los ejemplos de Mireles, Nestora Salgado, Regino el director del INPI o los personajes que entregaron el bastón de mando a Lope Obrador, entre otros. Se construyen microestructuras asalariadas para el ejercicio de dichos programas sociales.

• Promoción de la división interna. Se compran conciencias mediante los programas sociales o la reducción de pagos o impuestos, por ejemplo el ofrecimiento de bajar la cuota de la energía eléctrica, entre otros. La división también se provoca al promover la compra diferenciada (temporal y económicamente) de tierras para mega proyectos. Se cambian proyectos sociales (hoy casi todos en forma de becas y dinero) por adscripción política. Se contraponen discursivamente los intereses de los pueblos campesinos contra el desarrollo, el progreso y la calidad de vida de los otros mexicanos.

• Lógica de desinformación. No se exponen los proyectos reales, los acuerdos comerciales, los contratos entre particulares, los alcances a largo plazo, las manifestaciones de impacto ambiental. Hasta la fecha no se sabe qué es el Tren Maya, pero ya se votó y aprobó. Aún no se definen los alcances del Transístmico, pero ya se acordó. Las consultas no son informadas. Los mensajes “neutrales” de AMLO son en realidad tendenciosos: “no podemos oponernos al desarrollo, hay una gran inversión, se respetarán los intereses de inversionistas”, etc.

• Aislar a las fuerzas de izquierda. Se niega la interlocución con las organizaciones y referentes de la izquierda política y social. Se difama y menosprecia públicamente a las organizaciones, se les tilda de “conservadores de izquierda”. Se enaltece el otorgamiento de derechos por el presidente (cancelación del AICM, libertad de presos políticos, etc.) y se anula al sujeto que los disputó y ganó mediante la organización, la protesta y la lucha. Este factor es muy importante si toma en cuenta que es en el sector en donde se encuentran las organizaciones revolucionarias más fuertes del país. Incluso la CNTE, el otro gran actor, tiene una relación estrecha con las organizaciones campesinas.

En general se construye un discurso, desde el mismo 1 de julio del año pasado, que pone en el centro a los pueblos indios como entidades que merecen la atención prioritaria por ser los más pobres entre los pobres, pero en la práctica se les ataca en el núcleo mismo de su constitución como pueblos, es decir, en su territorio, sus recursos materiales, su autonomía y su capacidad de autodeterminación.

3.- La falta de una política de contención de la violencia vulnera especialmente a los pueblos originarios y campesinos. Poblaciones enteras siguen huyendo del campo por motivos de seguridad, los crímenes políticos se siguen tratando como problema entre partes del narcotráfico, sicarios y paramilitares extorsionan, reprimen e imponen intereses de quien pueda pagar (grandes empresas mineras, inmobiliarias, etc.). Una herramienta importante de contención de la violencia es visibilizar a los sujetos y la consecuente condena social. Hoy, por un lado, se invisibiliza a las organizaciones que han sabido proteger la tierra y la integridad de sus habitantes: organizaciones campesinas, policías y guardias comunales, etc. Por el otro, se desdeña públicamente a las fuerzas beligerantes al servicio del capital, como el narcotráfico y paramilitares, reduciendo la violencia a un problema de corrupción y desempleo. En una situación tan delicada, encubrir crímenes políticos o condenar a las organizaciones de conservadores es aniquilar a los pueblos.

El campo y la política alimentaria

Durante la campaña presidencial AMLO anunció una serie de medidas para alcanzar la autonomía alimentaria y promover el desarrollo en el campo. En estos primeros meses de gobierno dichas promesas se han concretado en forma de programas sociales como “Sembrando Vida” y Crédito a la Palabra, en la reestructuración institucional que cambio nombre a la SAGARPA ahora SADER (Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural) y fusionó Liconsa y Diconsa para formar SEGALMEX (Seguridad Alimentaria Mexicana) y la declarada intención de rescatar FERTIMEX.

4.- La política alimentaria está regionalizada, los precios de garantía y la sustitución de importaciones están sectorizadas, de tal forma que la producción de alimentos a nivel nacional no modifica sus prioridades fundadas en grandes capitales.

La política alimentaria está estructurada sobre una regionalización de acuerdo al destino de la producción, es decir, la producción para exportación, normalmente establecida en el norte del país pero no solamente (el aguacate como ejemplo), seguirá siendo impulsada y con las facilidades ya establecidas. El apoyo para el “bienestar” y la sustitución de importaciones solamente se hará en las regiones en donde para los productores y los campesinos ya no es posible su reproducción y manutención, las medidas establecidas después de 40 años sin una política de beneficio al campo buscan la sobrevivencia de lo que quedó. Dentro de la misma política no se plantea en ningún momento contrarrestar las importaciones a nivel nacional con los productos nacionales, es un medida paliativa, sectorizada y dirigida a los campesinos organizados en torno al Plan de Ayala Siglo XXI.

5.- La política agroalimentaria en todo caso busca asegurar una base social electoral para consolidar el proyecto de la 4T. Se buscan resultados inmediatos.

La política agroalimentaria que se está poniendo en marcha en 4 de los 19 estados que están proyectados, tiene el objetivo de mostrar cambios inmediatos como es el apoyo a los campesinos y productores en pequeña escala. La remuneración de 5000 pesos por trabajar en su propia parcela y el destino de los productos en tiendas de Diconsa, busca consolidar una población convencida del cambio que pueda asegurar la continuidad del gobierno en las próximas elecciones. Si pudiera consolidarse el esquema de producción, empresas como Nestlé tienen ya armadas las cadenas de distribución y comercialización con el actual gobierno. Si bien la política cuenta con avances en temas campesinos, agroecológicos y organizativos, debido a la regionalización y la propia estructura de la producción, la política no tiene ningún horizonte real en cuanto al cambio de un modelo de producción.

6.- El modelo agroindustrial que establece y prioriza una forma de producción de acuerdo a los intereses de las empresas agroexportadoras y que somete en cada uno de los puntos de la producción a los pequeños productores está intacto.

El modelo agroindustrial es el que establece precios, cadenas de comercialización y volúmenes de exportación, realmente no hay indicios para decir que alguna de las políticas del actual gobierno pueda poner en juego el modelo que capitalismo neoliberal creó para el beneficio de la producción, en todo caso se dieron cuenta que necesitan quien mantenga lo que queda o que sean sujetos de explotación, cuestión que ha dejado de ocurrir debido a la grave situación en la que se encuentran las familias campesinas.

Según hemos podido observar en estos primeros meses, estas medidas orientadas hacia el campo y la producción agropecuaria, así como la política y la relación con los pueblos indios, en conjunto con la política económica general mantenida por el régimen dela 4T no plantean ningún escenario realmente positivo para los indios y campesinos, mucho menos una transformación radical como AMLO se ha cansado de decir.

Se observan serias dudas sobre el impacto positivo que tendrán estas medidas para realmente alcanzar la autosuficiencia alimentaria y promover el desarrollo del campo mexicano en beneficio de pueblos y comunidades, todo indica que se trata de medidas que buscan paliar la ingente miseria en que viven las familias campesinas para así poder integrarlos a los mercados de consumo y mantenerlos como clientela electoral, todo esto mientras se sigue privilegiando el modelo agroexportador centrado en unos cuantos productos que ha profundizado las desigualdades sociales y regionales. Y en el mismo sentido, la promoción y consolidación de los megaproyectos que buscan afianzar la inserción dependiente y subordinada de México a los intereses imperialistas del capitalismo global no redituarán en mejorar el nivel de vida de las comunidades afectadas, peor todavía, son una clara amenaza de muerte para pueblos y comunidades originarias; e incluso está por verse si permitirán desatar las fuerzas productivas y destructivas del capital y así lograr el anhelado desarrollo de los de arriba que terminé en jugosas ganancias para los mismos de siempre. Ya veremos.